El absurdo retorno a la fracasada política elitista
Reducir las entidades políticas es una solución de parche que no resolverá el problema del orden social, lo que significará la permanencia de la crisis y, por el contrario, enturbiará las frágiles relaciones entre los partidos y la sociedad civil.
La reducción de partidos por decreto es el despropósito más grande de los últimos tiempos y, de concretarse, solo generará un conflicto que se mantendrá en forma permanente y en vez de ser un factor que facilite construir el orden político perdido, provocará el efecto inverso. El origen de tal absurdo se encuentra en las ideas de Jaime Guzmán, adoptadas luego por la Concertación, las que se sustentan en dos elementos, el primero es concebir la democracia como orden que nace de un consenso parcial. “Un consenso social mínimo”, lo llamaba el fallecido ideólogo de la UDI, o sea, un acuerdo que no tiene que ser generalizado sino suscrito por aquellos que adhieren a las ideas centrales del modelo, en el que se permita que existan discrepancias sin caer en la anarquía y establecido sobre la base de tres ejes, primero. participación ciudadana acorde con una común forma de vida, segundo, preservar valores espirituales como morales que expresen las raíces del ser nacional y, por último, mantener una vigilancia frente a las amenazas a dicho consenso, como el terrorismo.
El segundo elemento, definía que la construcción del orden contractualista debe estar restringido a quienes han aceptado adherir a la democracia de corte liberal capitalista, excluyendo a quienes promuevan alternativas anti sistémicas, de tal manera que en las elecciones compitan solo partidarios de una sociedad libre y si existiesen opciones de este tipo, que el tramado social sea tan fuerte que se neutralice toda acción y opción destinada a subvertir el orden establecido.
Un consenso restringido, selectivo y excluyente
La concepción excluyente y selectiva del consenso, es precisamente lo que hoy se pretende construir a partir de las reformas al régimen político. Se trata de construir un sistema de partidos que represente solo a los sectores sociales que aceptan el liberalismo y el capitalismo, aunque hayan distintas versiones, lo que en concreto instala a partidos fuertes y grandes, o sea, cuya estructura y funcionamiento requiere altas sumas de dinero, como los únicos viables. Obviamente, quienes obtengan alto financiamiento serán los que podrán entrar a la disputa en las estructuras del poder, situación en la cual, las organizaciones que consigan ser aceptadas por los empresarios, tendrán asegurada su participación en óptimas condiciones en la contienda política. El sistema dependerá de los aportadores de dinero, por tanto, allí comenzara la exclusión, dejando en los márgenes a las fuerzas políticas que las clases dominantes consideren que es un peligro para el sistema, así, el modelo se reproducirá sin grandes problemas, ya que se impedirá que haya alternancia efectiva en el poder político, como en Estados Unidos o el Reino Unido, los reemplazos serán entre quienes tienen diferencias en el marco de una matriz de pensamiento común. Jamás se podrá aspirar a un cambio, habrá una institucionalidad que evitará que el régimen peligre.
No obstante, quienes propician tales ajustes al sistema político olvidan que el orden precisamente colapsó por la desigualdad y la exclusión que existía en el país, por lo que la estrategia de los empresarios chilenos, que intenta evadir los cambios y reponer la exclusión, bajo la cándida creencia de que reducir el número de partidos va a resolver la crisis estructural es una ingenuidad que no soporta análisis, la sociedad homogénea con la que soñaba Jaime Guzmán nunca ha existido.
