¿Cuánto más resistirá la institucionalidad?
La institucionalidad es un conjunto de ideas hegemónicas expresadas en normas y estructuras que se originan en un orden político negociado por quienes son representantes de las clases sociales de mayor influencia en la sociedad y que obtiene legitimidad al ser aceptada por la población.
Todos los escándalos que han sacudido la política chilena los dos últimos años, “Fundaciones”, “Zalaquett”, “Audios” y “Monsalve”, citando solo los cuatro más nombrados, forman parte del deterioro permanente de la institucionalidad, un componente esencial del orden político, ya que esta es la base de las ideas, estructuras y normas, que permiten la convivencia sobre la base de reglas aceptadas por la ciudadanía.
Por ello, su restablecimiento es una situación más que compleja, debido a que se necesita establecer un mínimo de consenso en la sociedad aun cuando este se instituye a partir de posiciones hegemónicas y no siempre todos quedan satisfechos con las reglas acordadas. En Chile, el deterioro institucional que provocó la Derecha durante el gobierno de la UP, fue reestablecido de manera autoritaria por los militares, siendo el Estado el principal articulador del orden dictatorial. De igual manera, la transición dio paso a un orden pactado que se agotó en el 2019, a pesar de que la institucionalidad sobrevivió, pero deteriorada. Por ello, los casos de corrupción y tráfico de influencias, ocurridos a lo largo del periodo político conocido como postransición, han profundizado el deterioro del eje central del acuerdo sobre el que se desarrolla la actividad política, un escenario que se relaciona directamente con el tema del poder, ya que, en definitiva, el desgaste de la institucionalidad significa el detrimento del dominio que ejercen las clases sociales hegemónicas sobre el resto de la sociedad. Esa es la principal preocupación por parte de los grupos empresariales que actualmente predominan en todos los aspectos de la vida social y económica del país, algo que va íntimamente ligado a la seguridad de sus negocios.
¿Construir otra institucionalidad?
La actual institucionalidad es producto del pacto que se negoció en 1989, por lo tanto, es un conjunto de ideas, normas y estructuras que obedecen a la situación existente en dicho periodo, o sea, expresa la correlación de fuerzas de dicho momento. Ante ello, es evidente que el 2019 hubo una variación, la que no se expresa en el conjunto de instituciones y normativas que existían en dicha época, es más, la Derecha y grupos socialdemócratas, creen que los peligros que acechan a la actual institucionalidad pueden ser resueltos con más leyes represivas, lo que es un error, ya que no se aborda el problema de fondo, que es la contradicción entre la existencia de ideas, normas y estructuras no representativas de la actual situación de fuerzas, por tanto, de las correlaciones de poder. Una situación que tarde o temprano hará eclosionar el actual sistema y que hoy nadie puede apostar cuál y por dónde será la salida, pero, en concreto, no hay posibilidad de que la sociedad chilena funcione sobre la base de la actual institucionalidad. Por ello, extraña que ciertas fuerzas políticas que se dicen de izquierda, no asuman tal realidad y se esfuercen por generar procesos políticos intentando fortalecer la actual institucionalidad, sabiendo que ella es expresión de un peso desmedido por parte de los empresarios, que la defienden a brazo partido porque saben que representa sus intereses y los resguarda de las clases y capas sociales que traten de oponérseles. Pero, son los Monsalve, Zalaquett, Larraín, Catalina Pérez, como antes lo fueron Choclo Délano, Ponce Lerou, Orpis o Sebastián Dávalos, los encargados de acreditar que la institucionalidad es un cadáver.
