Desmovilizar al pueblo fue un suicidio político

La pretensión del gobierno de dejar como “legado”, un país normalizado, es una manera de esconder su obvia incapacidad para activar al pueblo y movilizarlo tras el cambio que toda la gente demanda y desea, pensando en un futuro en el que logre subsistir con más y mejores oportunidades.

 Todo el discurso del gobierno con relación a su “legado” ronda en torno a que habría ordenado la casa, por tanto, con relación a la gestión, es superior al de Piñera, meta con la cual estaría satisfecho. Un argumento discutible, al menos, desde dos aristas, una es de fondo y la otra de análisis táctico.

Lo primero radica en que si se adjudica la normalidad del país asume que fue una administración conservadora, algo impresentable para una coalición que prometió impulsar cambios en su programa.

En segundo lugar, en cuanto a lo analítico, si se plantea que se recuperó la normalidad del país y la comparación se elabora a partir del desorden existente en el gobierno de Piñera, habría que ver qué se entiende por anormal, ¿la revuelta social? ¿la inflación? ¿los portonazos? ¿los actos de corrupción?

No obstante, por el evidente giro político e ideológico impulsado por la dirigencia del bloque Apruebo Dignidad integrado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, en el periodo comprendido entre la primera y segunda vuelta de la pasada elección presidencial, se denota una gran involución. La alianza con el PPD y el Partido Socialista fue un retroceso que sepultó la esperanza de transformaciones, volvió a imperar el espíritu concertacionista con el agravante que el acuerdo se efectuaba en medio de una crisis del orden neoliberal provocada por la rebelión del 2019, situación que aún no se supera y frente a la cual solo existen dos alternativas, se genera la reversión de dicha crisis y se refuerza el modelo o, en su efecto, se plasma un amplio proceso de transformaciones que ponga fin al modelo y se impulsa la construcción de un nuevo orden que supere al neoliberalismo.

Las fuerzas del gobierno, hoy la coalición Apruebo Dignidad y los socialdemócratas, optaron por salvar el modelo y apuestan por una negociación con los empresarios y la Derecha y han asumido muchas de sus reivindicaciones como asociar bien común y crecimiento o la promulgación de leyes que refuerzan el control de la clase dominante mediante la criminalización de la protesta social. En definitiva, es abandonar al pueblo trabajador y contemporizar con quienes promueven negocios y ganancias a costa de una obscena desigualdad.

Frente a ello, obviamente, toda la actividad política del gobierno está concentrada en las alturas, acudiendo a movidas y alejada de los sectores populares, un estilo que, entre otros pastelitos, incentiva casos como los de Monsalve o ProCultura.

Alejarse del pueblo no solo es cultivar una forma errónea de entender la política, sino también es dejar el espacio libre a los agentes de la ultraderecha, que utilizando la demagogia convencen que los culpables de la desigualdad son los “políticos” y no los empresarios, lo que en momentos de crisis y abandono se transforma en una atractiva justificación. Por ello, no debió sorprender el avance de los republicanos en las elecciones de concejales en varias comunas populares. Las fuerzas gobiernistas están generando un daño cuyo impacto se extenderá por mucho tiempo.